La ofensiva militar en Durango bajo la sombra de la tortura y la ejecución extrajudicial

Durango, México. 

Lo que comenzó como una operación de élite aplaudida por la ciudadanía para recuperar las calles de la capital de Durango, se ha transformado en una crisis de derechos humanos. Organizaciones civiles y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedhd) han documentado alrededor de un centenar de denuncias que señalan a efectivos federales del Ejército Mexicano por graves violaciones a las garantías individuales.

La ofensiva, destinada a combatir a la célula criminal ‘Los Cabrera’, inició el pasado 10 de junio con la llegada del grupo especial ‘Murciélagos’, reforzado posteriormente por las unidades ‘Perrazos’. En sus primeros días, el despliegue logró resultados tangibles, incluyendo decomisos millonarios de armamento y vehículos, lo que generó una percepción ciudadana positiva al disminuir la presencia visible de vigilantes del narcotráfico.

Sin embargo, el éxito operativo vino acompañado de una estela de terror. Los expedientes oficiales, ahora en manos de la Cedhd y la CNDH, detallan patrones de tortura, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad. Entre los casos más graves destaca el homicidio de Arturo Pérez Deras, un yesero cuyo cuerpo fue encontrado el 27 de junio con dos disparos por la espalda, presuntamente ejecutado por una docena de militares.

Las denuncias también incluyen la brutal agresión contra Alexis Antonio Morán (19), quien sufrió fractura de pierna tras ser golpeado con un bate para exigirle información, y el caso de Juan Manuel Hernández Atilano, quien fue perseguido, golpeado hasta perder el conocimiento, agredido sexualmente y torturado con cortes de navaja el pasado 10 de julio.

Las víctimas y organizaciones coinciden en señalar a un mando militar con el rango de teniente, apodado ‘Reyes’, como el presunto coordinador de estas operaciones. Ante la gravedad de los hechos, han solicitado la intervención directa del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha emitido una postura oficial sobre estas acusaciones, que se enmarcan en un contexto de recrudecimiento de la lucha contra el narco ante la presión del Gobierno de Estados Unidos.